Bolivia tiene un gran avance en legislación para acoger las diversidades culturales, ecológicas y también políticas. En ese contexto la viabilidad de las autonomías indígenas en la Constitución del año 2009 es un aspecto central para construir un Estado Plurinacional.
Sin embargo, en términos prácticos, se ha avanzado poco, son más los obstáculos y el esfuerzo que realizan las autoridades y dirigencias de los territorios, que los logros conseguidos. Es un proceso que parece dar continuidad a lo sucedido con la ley INRA, que si bien tuvo muchos avances en la titulación de territorios colectivos, cuya opción significaba para las naciones originarias y pueblos indígenas una perspectiva de largo aliento, al cabo de 10 años terminó por trabarse y las aspiraciones a la gestión territorial quedaron frustradas.
La autonomía indígena es una apuesta política de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, NyPIOC, para la reconstitución de sus territorios ancestrales y su opción por definir libremente desde su condición política, sus criterios de desarrollo económico, social y cultural. La Constitución Política del Estado, incorpora la legislación internacional disponible para el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos y naciones indígenas y da paso a la Autonomía Indígena Originario Campesina, AIOC, es parte de la estructura estatal y tiene la misma jerarquía que las otras entidades territoriales.
La autonomía indígena interpela el ordenamiento territorial republicano, las relaciones de poder e interés económicos y político-partidarios que en él se han desarrollado, por eso, los procesos autonómicos indígenas tienen muchos detractores, élites locales de origen indígena campesino favorecidos por la primera etapa de la descentralización, hasta autoridades gubernamentales de los distintos niveles de un Estado, que aún no lo conciben como plurinacional.
En el mejor de los casos, la gran aspiración a la autonomía indígena además de restituir las estructuras de gobierno y visiones del mundo de los pueblos indígenas, podrá expresarse y fortalecerse en estos procesos burocráticos de negociación con el Estado central; en el peor de los casos, las autoridades indígenas originarias en su confrontación con instituciones, actores y la estructura estatal misma, mostrarán cansancio y el desafío por ejercer el autogobierno indígena quedará en entredicho por la institucionalidad estatal.
Se han elaborado normas para la implementación de las autonomías, y se ha tramado una serie de obstáculos administrativos y legales que impiden el ejercicio de esta condición, llegando incluso a plantear requisitos que podrían considerarse como inconstitucionales. Estos obstáculos y la demora burocrática desmotivan la implementación de las AIOC, aunque al momento, hay tres gobiernos indígenas constituidos en las tres ecoregiones del país y varios otros procesos en curso.
El proceso autonómico tiene avances y limitaciones, los pocos avances muestran aprendizajes interesantes, un desarrollo conceptual, normativo, metodológico, 3 experiencias concretas en territorios específicos, institucionalidad y jurisprudencia que requieren ser intercambiados y analizados.
